La epidemia del empleo precario: causas y posibles salidas

El empleo precario suele mirarse como un problema para la economía de las familias. Pero las autoras remarcan que se ha transformado también en un problema de salud pública. Sugieren tres vías para lidiar esta “epidemia”; aumento real de los salarios (partiendo del mínimo de $500 mil propuesto por la CUT), posibilitar la negociación colectiva por rama  y fortalecer la protección frente al desempleo, mejorando la cobertura del seguro de cesantía.

Según última Encuesta Nacional de Empleo, 9,2 millones de personas participan en el mercado del trabajo, lo que representa más del 70% de la población mayor de 15 años. No es extraño entonces que demandas salariales y otras vinculadas con el trabajo aparezcan con fuerza que en las semanas de intensas protestas que hemos vivido. Es mediante el trabajo que se accede al sistema de  seguridad social cuyos cuatro pilares son las pensiones, el sistema de salud, la cobertura por desempleo y la protección ante enfermedades y accidentes de trabajo.

Empleo, trabajo y seguridad social se consideran determinantes clave de la salud[1] y en esos ámbitos Chile ha fallado: al año 2018, el 50% de los ocupados recibía $400 mil o menos (ESI) mientras la insuficiencia de las pensiones está diagnosticada desde el 2015, con el Informe de la Comisión Bravo.

Una pancarta vista en las marchas de Santiago resumía tanto el fracaso y como demanda ciudadana: “Por un estado de bienestar y no de malestar”.

Como respuesta, el Gobierno propuso un Ingreso Mínimo Garantizado subsidiado por el Estado, mientras la gran empresa, que ocupa a cerca del 50% de los asalariados, dejó claro que hay margen para implementar mejoras. El presidente de la CPC, Alfonso Swett, señaló que “tenemos que agrandar nuestras manos y meternos las manos al bolsillo y que duela” y Andrónico Luksic propuso un ingreso mínimo de $500.000 para sus empresas.

Si bien es aumento del salario es urgente, centrar el debate sobre el trabajo exclusivamente en ese aspecto es insuficiente.

“Una estimación a partir de la única Encuesta nacional de empleo trabajo y salud (ENETS ) realizada en 2010 constató que, de todos los asalariados privados con contrato, el 50,8% presentaba niveles de precariedad nocivos para la salud”.

Las políticas en torno al empleo deben asumir la centralidad que éste tiene en la vida de las personas y la multiplicidad de aspectos que confluyen en él. El trabajo es un determinante clave de la calidad de vida y la salud. Por una parte, cumple la función “manifiesta” de proveer los ingresos necesarios para la reproducción de las familias y alcanzar un nivel de vida socialmente aceptable, proveyendo las condiciones materiales de vida que permitan alcanzar un buen estado de salud. Por otra parte, cumple una serie de funciones “latentes”, vinculadas al desarrollo de relaciones sociales significativas y metas colectivas, identidad y autoestima, posibilidades de realización personal y da sentido al tiempo estructurando el día[2].

La calidad del empleo afecta entonces la integralidad de las condiciones de vida de quienes trabajan y no está definida únicamente por el nivel del salario recibido.

Para mirar la calidad del empleo en su sentido más amplio y entender cómo afecta a salud de las personas, usamos el concepto multidimensional de precariedad laboral[3], el cual refiere a un empleo inestable, con salario bajo o insuficiente, limitada protección social (seguridad social), donde los términos del empleo se negocian individualmente, con limitada capacidad para ejercer derechos laborales (como vacaciones y licencias médicas) ya sea legalmente o en los hechos, y desprotección frente a formas inadecuadas o inaceptables de uso de la mano de obra.

En Chile una proporción muy alta de los empleos son precarios.

En cuanto a la inestabilidad del empleo, que depende en gran medida de la facilidad para contratar y despedir y que está al centro de la precariedad del empleo, vale la pena mirar dos datos: por un parte, la proporción de empleos temporales fluctúa entre el 26% y el 30% (ENE), la más alta de la OCDE[4]; por otra, que según datos de la ENCLA 2014, la mitad de los contratos indefinidos duran apenas 3 años o menos.

“Los trabajadores con empleos temporales suelen tener más lesiones por accidentes de trabajo, lo que se ha atribuido a peores condiciones de trabajo, menor inversión en capacitación y equipos de protección personal, así como menor experiencia adquirida en las tareas realizadas”.

En cuanto al ingreso, como ya mencionamos, gran parte de los trabajadores recibe salarios insuficientes. Asimismo, respecto de la negociación colectiva, que refuerza la capacidad de los trabajadores de acceder a mejores condiciones, para el año 2016 la cobertura llegaba sólo al 18% de los asalariados privados, muy por debajo del 47% que promedian los países de la OCDE, según estadísticas de la OIT.

En una estimación a partir de la única Encuesta nacional de empleo trabajo y salud (ENETS[5]) realizada en el país en el año 2010, y que utilizó una escala de precariedad laboral (EPRES[6]) con todas las dimensiones arriba mencionadas, se constató que, de todos los asalariados privados con contrato, el 50,8% presentaba niveles de precariedad nocivos para la salud[7]. Así las cosas, si el empleo puede entenderse como una norma social, hoy es normal estar precarizado.

Desde los años 30 se vienen desarrollando estudios científicos que muestran que el desempleo afecta la salud de las personas, y en especial su salud mental. Más recientemente existe además evidencia del rol protector que cumple en seguro de desempleo frente a los efectos tóxicos de éste. A su vez, a partir de los 80 se ha acumulado la evidencia epidemiológica que muestra que también el empleo precario tiene efectos negativos sobre la salud. Sabemos que la incertidumbre sostenida de tener un empleo inestable genera estrés crónico, produce desgaste y malestar psicológico, síntomas depresivos y otros problemas de salud mental.

“Investigaciones también describen que las mujeres con empleos precarios están en mayor riesgo de acoso sexual en el trabajo que aquellas con empleos no precarios”.

Los trabajadores con empleos temporales suelen tener más lesiones por accidentes de trabajo, lo que se ha atribuido a peores condiciones de trabajo, menor inversión en capacitación y equipos de protección personal, así como menor experiencia adquirida en las tareas realizadas5. También se habla de la presión constante por permanecer en el empleo, con exigencias elevadas de rendimiento y mayor riesgo de lesiones según las tareas de que se trate[8].

Investigaciones también describen que las mujeres con empleos precarios están en mayor riesgo de acoso sexual en el trabajo que aquellas con empleos no precarios[9]. Además, la precariedad laboral inhibe de hacer uso de derechos laborales básicos, como el derecho a reposo en caso de enfermedad, lo que cierra un círculo vicioso con efectos nefastos para la salud.

En Chile, usando la ENETS 2010, observamos que las personas con empleos altamente precarios se declaran insatisfechos con sus trabajos en una frecuencia que más que duplica la de los trabajadores con empleos no precarios (2.2 veces más). Lo mismo ocurre con la presencia de síntomas depresivos (con una frecuencia de 2.4 veces más) y el reporte de mala o muy mala salud general (3 veces más). Los trabajadores más precarios tienen, además, una mayor probabilidad de haber sufrido alguna lesión por accidente del trabajo, en comparación con los no precarios (2.5 veces más)[10].

La precariedad laboral y el desempleo comparten la pérdida, total o parcial, de las funciones manifiestas y latentes del empleo, con la consiguiente repercusión negativa tanto en calidad de vida como salud de las personas que trabajan y sus familias. Sumado a ello, las personas en situación de desventaja en el mercado de trabajo (como por ejemplo mujeres, jóvenes y adultos mayores, o quienes están en ocupaciones de baja cualificación) son las más expuestas a tener empleos precarios y muy precarios. Con esto, se reproducen y acentúan las desigualdades sociales, las que se manifiestan en un patrón idéntico de desigualdades sociales en salud.

Desde la salud pública, la gran cantidad de personas expuestas a los efectos tóxicos de la precariedad laboral en Chile nos pone frente a una epidemia social urgente, que exige mirar íntegramente al empleo y la seguridad social. La calidad de vida y salud de las personas son un objetivo a alcanzar cuando se diseñan políticas sobre estas materias y los esfuerzos deben apuntar a la equidad en calidad del empleo, contribuyendo así a frenar la mayor epidemia de todas, la de las desigualdades sociales en salud.

¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO? ¿CÓMO PENSAR TRANSFORMACIONES?

La precariedad laboral es un fenómeno global que no es nuevo, pero que re-emerge con fuerza como la otra cara de la moneda de la flexibilización progresiva de los mercados de trabajo. En Chile, dicha flexibilización se consolida institucionalmente en el Plan Laboral de 1982, contemporáneamente con profundas transformaciones a la seguridad social (pensiones y salud), vigentes con ajustes menores hasta hoy. En este modelo, los trabajadores son concebidos sólo como un factor más de la economía, y no como sujetos de derecho. Así, cuando se habla de trabajadores, se refiere a su productividad para la empresa y su aporte al crecimiento, pero no al desarrollo de una vida satisfactoria y saludable.

Por tanto, deben ser nuevas políticas y nuevas leyes las que aseguren íntegramente la función social del empleo. En este sentido, existen al menos tres caminos de política para atacar la epidemia de la precariedad hoy en Chile. El primero, sin dudas, es el aumento real de los salarios, que asegure la reproducción de la vida como función manifiesta del empleo. Esto implica ir más allá de lo planteado hasta ahora, puesto que no puede depender de subsidios estatales ni de la buena voluntad de un sector del empresariado. Un punto de partida es la propuesta de Salario Mínimo de $500.000 planteado por la CUT.

El segundo, refiere al fortalecimiento de la parte débil de la relación salarial, avanzando hacia la negociación colectiva ya sea por rama o territorio, y así anulando las brechas existentes entre trabajadores de alta y baja capacidad negociadora[11]. Esto permitiría, entre otras cosas, limitar los malos tratos laborales, proteger la salud en el trabajo, y dotar de mayor estabilidad al empleo.

“La precariedad laboral es un fenómeno global que no es nuevo, pero que re-emerge con fuerza como la otra cara de la moneda de la flexibilización progresiva de los mercados de trabajo”.

Finalmente, un tercer camino es el fortalecimiento de la protección frente al desempleo. Urge mejorar la cobertura del actual seguro de cesantía, eliminando las excesivas barreras de acceso a esta prestación, especialmente las relativas a la continuidad laboral. Durante el año 2018, 180 mil trabajadores recibieron mensualmente pagos por el Seguro de Cesantía, lo que representa sólo al 32% del promedio de cesantes del mismo período. Es posible avanzar modificando la lógica individual de cotización y prestación, casi idéntica a la de pensiones y con similares consecuencias[12].

Para reducir el impacto negativo en salud de la precariedad laboral se debe avanzar fuertemente también en otros aspectos, desde el modelo de pensiones y hasta el tipo de estado de bienestar que queremos, haciendo frente a esta epidemia que afecta la dignidad y la salud de las y los trabajadores.

* Esta columna fue escrita con la participación de todo el Equipo de Investigación RUCAS, “Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud”, Proyecto Ancillary de SALURBAL HUB PUC.

REFERENCIAS

[1] Benach, J., Vives, A., Amable, M., Vanroelen, C., Tarafa, G., & Muntaner, C. (2014). Precarious Employment: Understanding an Emerging Social Determinant of Health. Annual Review of Public Health. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182500

[2] Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (2017). Marienthal: The sociography of an unemployed community. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203786338

[3] Si bien las definiciones clásicas, como la de la OIT, homologan empleo precario a aquel con un contrato temporal, hace años existen concepciones más integrales del fenómeno. Para ello sugerimos revisar: Benach et al. 2014.

[4] OECD. (2019). OECD Employment Outlook 2019 – The future of work. https://doi.org/10.1057/9780230274198

[5] Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud (2011). Precariedad Laboral y Salud de Los Trabajadores y Trabajadoras en Chile.

[6] Vives-Vergara, A., González-López, F., Solar, O., Bernales-Baksai, P., González, M. J., & Benach, J. (2017). Precarious employment in Chile: psychometric properties of the Chilean version of Employment Precariousness Scale in private sector workers. Cadernos de Saúde Pública. https://doi.org/10.1590/0102-311×00156215

[7] Vives, A. Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11121429.

[8] Lewchuk, W., De Wolff, A., King, A., & Polanyi, M. (1969). From Job Strain to Employment Strain: Health Effects of Precarious Employment. Just Labour. https://doi.org/10.25071/1705-1436.165

[9] LaMontagne, A. D., Smith, P. M., Louie, A. M., Quinlan, M., Shoveller, J., & Ostry, A. S. (2009). Unwanted sexual advances at work: Variations by employment arrangement in a sample of working Australians. Australian and New Zealand journal of public health, 33(2), 173-179.

[10] Análisis propios, Fondecyt Regular N° 1171105.

[11] Durán, G. (2015). Negociación Colectiva por Sector Económico: Productividad, empleo y desigualdad. Un análisis comparado. Retrieved from http://www.fundacionsol.cl/estudios/negociacion-colectiva-por-sector-economico-productividad-empleo-y-desigualdad-un-analisis-comparado/

[12] Sehnbruch, K., Carranza, R., & Prieto, J. (2019). The Political Economy of Unemployment Insurance based on Individual Savings Accounts: Lessons from Chile. Development and Change, 50(4), 948–975. https://doi.org/10.1111/dech.12457

Fuente: CIPER

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